UGT PV recuerda que son dos los recursos judiciales que ha interpuesto. El primero solicitando el amparo constitucional y la protección del derecho fundamental de todos los profesores del sistema educativo público valenciano a la igualdad de trato con el resto de los empleados y funcionarios públicos de la Generalitat, para exigir que se restablezcan sus retribuciones económicas, con el reconocimiento social y jurídico que merece su trabajo, anulando aquellas disposiciones del Decreto-Ley que atacan directamente a su carrera profesional.
Así como el tratamiento de igualdad que merece la profesionalidad y buen hacer del profesorado interino en los centros educativos, cuyos contratos deben finalizar cuando finalice el curso escolar (a 31 de agosto) y no a 30 de junio, con un recorte anual y global de sus retribuciones que alcanza los 31 millones de euros y afecta a más de 8.000 docentes.
El segundo, siguiendo el procedimiento contencioso-administrativo ordinario en el que se atacan todas las medidas que el Decreto-ley contiene contra las retribuciones del profesorado, tanto de plantilla como interino.
Tras esta admisión a trámite, FETE-UGT PV espera que el TSJCV acuerde la suspensión del Decreto-ley, primera medida cautelar que desde el sindicato hemos solicitado, para evitar los graves perjuicios que una sentencia definitiva y contraria al Gobierno valenciano pudiera ocasionar, dado el montante de los derechos económicos en juego.
Con todo, UGT PV ha celebrado la “celeridad” de la actuación judicial, dada también la naturaleza y dimensión del conflicto colectivo y social que ha generado el Decreto-ley de recortes y ajustes contra los salarios de los trabajadores y empleados públicos, y muy especialmente contra los docentes valencianos, y espera también que “esta celeridad se transforme pronto en una sentencia judicial que anule este injusto Decreto-ley, que el Gobierno autonómico se empecina en mantener pese a la gran contestación social que por otra parte está teniendo”.
FETE-UGT PV considera que hay arbitrariedad y discriminación en la aplicación de estas medidas, ya que solo afectan fundamentalmente al profesorado y al personal sanitario valenciano y recuerda que estamos en un Estado de Derecho.
Por tanto, a través de estos recursos exigiremos el restablecimiento de los derechos constitucionales de los funcionarios y empleados públicos vulnerados, la recuperación de los derechos económicos que se les han confiscado, y que los responsables del despilfarro que ha ocasionado que estas injustas medidas se adopten, se les exijan responsabilidades y que devuelvan el dinero que malgastaron.
UGT PV ha lamentado que las principales medidas de recorte y ajuste aprobadas en este Decreto-ley “se ceben en los funcionarios docentes y los empleados sanitarios”, y, más concretamente, “en aquellos complementos retributivos que reconocen la carrera profesional del personal sanitario y la del profesorado, su formación y perfeccionamiento profesional, a través de los sexenios docentes”.
Para FETE-UGT PV, “esto evidencia claramente cual es el valor que tiene para nuestros gobernantes la calidad de los servicios públicos, concretamente la calidad de la Sanidad y de la Educación”.
“Si a ello le unimos la falta de pago de los gastos de funcionamiento de los centros educativos financiados con fondos públicos, de las ayudas escolares y las becas de comedor, el recorte o eliminación de las ayudas para la compensación educativa o para combatir el fracaso escolar o la paralización de la construcción de centros educativos públicos y el fomento de su alternativa, los centros concertados de iniciativa social, o el eterno y endémico problema de los barracones escolares que pueblan nuestra geografía escolar y que no hay forma de erradicarlos, el panorama es desolador para el mantenimiento de los servicios públicos con unos estándares de calidad homologables al resto de países de nuestro entorno”, ha lamentado.
“Más bien al contrario –ha asegurado– lo que parece que se está desarrollando es una política claramente privatizadora y excluyente de estos servicios públicos básicos para la ciudadanía”. Por lo que UGT PV exigirá al profesorado que responda “con contundencia ante estas agresiones”.
También recurre la disposición final primera sobre planes de ordenación de personal, unas medidas recogidas en el decreto-ley del 5 de enero del Consell.
El otro recurso solicita la protección de los derechos fundamentales de la persona al considerar que el decreto-ley “vulnera” el principio de igualdad de los funcionarios de carrera docentes sobre acceso a la función pública, ya que son, junto a los empleados públicos de sanidad, a los que se aplican.
Los funcionarios, según el sindicato, se verán afectados en materia retributiva ya que desde el 1 de marzo de este año se reducirá la cuantía económica al 50 % de lo que percibían hasta ahora, y además se rebajará en un 50 % la cuantía referida a la carrera y desarrollo profesional del personal sanitario.
En un comunicado, el sindicato señala que el recorte anual y global de sus retribuciones alcanza los 31 millones de euros y afecta a más de 8.000 docentes y que la pérdida para el profesorado se sitúa entre el 11,2 % y el 19,5 % de sus ingresos anuales.
FETE-UGT-PV ha manifestado que espera que el TSJCV acuerde la suspensión del decreto-ley para evitar “graves perjuicios”, y celebra la celeridad de la actuación judicial, ya que los recursos se presentaron el pasado día 20 de enero.
También hacen referencia a la “dimensión” del conflicto “colectivo y social” que han generado los ajustes, que han afectado “muy especialmente a los docentes y empleados sanitarios”, en concreto a los complementos retributivos que reconocen la carrera profesional, la formación y el perfeccionamiento a través de los sexenios.
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la UGT del País Valenciano (FETE-UGT PV) ha recibido hoy notificación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV), Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de la admisión a trámite de los dos recursos judiciales que presentó la semana pasada en defensa del profesorado valenciano y contra el Decreto-ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell, de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunitat Valenciana (DOCV 10/01/2012).
FETE-UGT PV recuerda que son dos los recursos judiciales que ha interpuesto. El primero solicitando el amparo constitucional y la protección del derecho fundamental de todos los profesores y profesoras del sistema educativo público valenciano a la igualdad de trato con el resto de los empleados y funcionarios públicos de la Generalitat Valenciana, para exigir que se restablezcan sus retribuciones económicas, con el reconocimiento social y jurídico que merece su trabajo, anulando aquellas disposiciones del Decreto-ley que atacan directamente a su carrera profesional (el complemento retributivo asociado a la formación y el perfeccionamiento docente: “los sexenios docentes”, con un recorte anual de 80 millones de euros) y el tratamiento de igualdad que merece la profesionalidad y buen hacer del profesorado interino en los centros educativos, cuyos contratos deben finalizar cuando finalice el curso escolar (a 31 de agosto) y no a 30 de junio, con un recorte anual y global de sus retribuciones que alcanza los 31 millones de euros y afecta a más de 8.000 docentes. El segundo, siguiendo el procedimiento contencioso-administrativo ordinario en el que se atacan todas las medidas que el Decreto-ley contiene contra las retribuciones del profesorado, tanto de plantilla como interino.
Tras esta admisión a trámite, FETE-UGT PV espera que el TSJ-CV acuerde la suspensión del Decreto-ley, primera medida cautelar que desde el sindicato hemos solicitado, para evitar los graves perjuicios que una sentencia definitiva y contraria al Gobierno valenciano pudiera ocasionar, dado el montante de los derechos económicos en juego.
Con todo, FETE-UGT PV celebra la celeridad de la actuación judicial, dada también la naturaleza y dimensión del conflicto colectivo y social que ha generado el Decreto-ley de recortes y ajustes contra los salarios de los trabajadores y empleados públicos, y muy especialmente contra los docentes valencianos, y espera también que esta celeridad se transforme pronto en una sentencia judicial que anule este injusto Decreto-ley, que el Gobierno autonómico se empecina en mantener pese a la gran contestación social que por otra parte está teniendo.
FETE-UGT PV considera que hay arbitrariedad y discriminación en la aplicación de estas medidas, ya que solo afectan fundamentalmente al profesorado y al personal sanitario valenciano y recuerda que estamos en un Estado de Derecho. Por tanto, a través de estos recursos exigiremos el restablecimiento de los derechos constitucionales de los funcionarios y empleados públicos vulnerados, la recuperación de los derechos económicos que se les han confiscado, y que los responsables del despilfarro que ha ocasionado que estas injustas medidas se adopten, se les exijan responsabilidades y que devuelvan el dinero que malgastaron.
FETE-UGT PV lamenta que las principales medidas de recorte y ajuste aprobadas en este Decreto-ley se ceben en los funcionarios docentes y los empleados sanitarios, y, más concretamente, en aquellos complementos retributivos que reconocen la carrera profesional del personal sanitario y la del profesorado, su formación y perfeccionamiento profesional, a través de los sexenios docentes.
Para FETE-UGT PV esto evidencia claramente cual es el valor que tiene para nuestros gobernantes la calidad de los servicios públicos, concretamente la calidad de la Sanidad y de la Educación. Si a ello le unimos la falta de pago de los gastos de funcionamiento de los centros educativos financiados con fondos públicos, de las ayudas escolares y las becas de comedor, el recorte o eliminación de las ayudas para la compensación educativa o para combatir el fracaso escolar o la paralización de la construcción de centros educativos públicos y el fomento de su alternativa, los centros concertados de iniciativa social, o el eterno y endémico problema de los barracones escolares que pueblan nuestra geografía escolar y que no hay forma de erradicarlos, el panorama es desolador para el mantenimiento de los servicios públicos con unos estándares de calidad homologables al resto de países de nuestro entorno. Más bien al contrario, lo que parece que se está desarrollando es una política claramente privatizadora y excluyente de estos servicios públicos básicos para la ciudadanía. Por todo ello, FETE-UGT PV va a exigir al profesorado que responda con contundencia ante estas agresiones.
Igual censura y reprobación nos merece la medida prevista para castigar al profesorado interino de la Comunitat, privándole de dos meses de su salario. No es de recibo que estos trabajadores pierdan una sexta parte de sus retribuciones. Ya lo dijimos cuando se denunció el Acuerdo del Profesorado Interino de 2010 en este punto: el profesorado interino es necesario en los centros educativos y además de sus actividades de docencia directa, realiza, como el resto del profesorado de plantilla, actividades complementarias, extraescolares y formativas. Su cese el 30 de junio, antes de que finalice el curso escolar, que lo hace el 31 de agosto, va a ocasionar graves perjuicios en el buen funcionamiento de los centros escolares y se ataca con esta medida también directamente la calidad del sistema educativo.
FETE-UGT PV rechaza rotundamente todas estas medidas de recorte y ajuste salvaje, que suponen para el profesorado valenciano una pérdida en sus retribuciones y poder adquisitivo acumulado que se sitúa entre un 11,2% y un 19,5% de sus ingresos anuales. Unos recortes muy importantes y superiores al resto de los funcionarios y ciudadanos, y que merecían por parte de FETE-UGT PV y la sociedad valenciana una respuesta contundente, como es la que hasta ahora se esta dando a través de dos grandes manifestaciones en las capitales de provincia los pasados días 21 y 26 de enero.
